Eurozona : la revisión del Tratado despierta una nueva batalla interinstitucional

Según las últimas noticias, el nuevo acuerdo europeo para una mayor integración fiscal entrará en vigor en cuanto nueve Estados miembros de los 26 participantes lo ratifiquen, en principio vía parlamentos nacionales. Ese porcentaje reducido ha recibido el visto bueno del servicio jurídico del Consejo e intenta soslayar las dificultades que suponen los trámites de ratificación en determinados países.


La determinación del Consejo es firmar el nuevo Tratado en una cumbre en marzo de 2012, la misma fecha en que Irlanda tiene intención de decidir si la aprobación de esta reforma exige referéndum en su país. Además, hay Estados, como Chequia y Hungría, que se han mostrado totalmente contrarios a las medidas que impliquen armonización fiscal.

Sin embargo, el Reino Unido ha rectificado su rígida posición inicial y finalmente se ha mostrado dispuesto a colaborar para asegurar que no haya distorsiones en el mercado interior y garantizar la estabilidad de la eurozona, donde están los principales socios comerciales del Reino Unido. La norma acordada establece el equilibrio presupuestario, es decir, que el déficit no superará el 0,5% del PIB y que la Comisión sancionará a los Estados de la eurozona cuyo déficit supere el 3% del PIB. Sólo la primera parte de esta norma será vinculante para los Estados no miembros de la eurozona.

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Durante la semana posterior a la cumbre, se barajó la posibilidad de que los británicos ejercieran presión sobre la Comisión para impedir que ésta actuara contra los Estados incumplidores de la Regla de Oro del déficit. Ante una decisión tomada por los jefes de Estado y de Gobierno para reformar un Tratado, se daba la paradoja de que un Estado podría ejercer el veto para impedir la acción de una institución supranacional como la Comisión. Se trata del viejo debate entre la lógica comunitaria y la intergubernamental, más vigente que nunca tras la cumbre del Consejo de la UE del 9 de diciembre. Lo pertinente sería valorar si la enésima cumbre “para salvar al euro” desde aquel fatídico verano de 2008, con la caída de Lehman Brothers, ha apuntalado la moneda única por fin. Esta vez se ha firmado un pacto fiscal (fiscal compact) a 26 que impone la disciplina constitucionalmente, con sanciones automáticas por incumplimiento, en la línea de lo defendido por Draghi, que preside la institución que debería realizar la compra masiva de bonos nacionales.

Si podemos inferir que el BCE recibe con tibieza la medida, no deja de sorprender que las voces más escépticas provengan del Parlamento europeo. La parte del diagnóstico compartida por todos es que las reuniones intergubernamentales y la sucesión de cumbres del Consejo desde 2008 no ha brindado ninguna solución creíble para los mercados y el euro. Aunque el Consejo concluya que la cumbre consagra la unión fiscal en la UE, lo cierto es que se trata de una unión por la estabilidad, fundamentada en la austeridad y sin armonización fiscal ni transferencias redistributivas. Lo que se recibe como un modelo diseñado por el eje franco-alemán responde además a una lógica alemana, ya que sabemos que Francia es más partidaria de la flexibilidad e intervención del BCE en relación con las deudas soberanas. Otro de los órganos que, según el Consejo, tendrá protagonismo es el Tribunal de Justicia, que podrá imponer el equilibrio presupuestario en virtud del art. 273 del Tratado, aunque en principio no se le supone capacidad para vetar los presupuestos aprobados por los Estados. Está por ver cómo se resuelve esta contradicción.

Sin embargo, la institución que se siente más ninguneada y que reclama más protagonismo en este pacto fiscal es el Parlamento. Y es que los 17 Estados de la eurozona empezarán a aplicarlo de inmediato y lo harán a pesar de que algunos miembros del Parlamento europeo se ha expresado en contra de la modificación del Tratado, por juzgarla innecesaria. El argumento principal es que el paquete legislativo Six Pack, aprobado a finales de septiembre por la Eurocámara ya contempla las medidas de supervisión sobre la disciplina presupuestaria nacional. Es más, algunos Estados, como España, ya incluyeron a finales de verano el mandato constitucional impidiendo superar los límites de endeudamiento.

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Joseph Daul

Daul, líder de los populares europeos, a pesar de ser ampliamente mayoritario en la Eurocámara, se ha apresurado a unir fuerzas con el resto de grupos para pedir un papel institucional definido para el Parlamento, haciendo hincapié en la incapacidad del método intergubernamental para lograr acuerdos vinculantes, lo que deja la política europea en una situación de extrema vaguedad.

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Martin Schulz

Schulz, desde el grupo socialista europeo, pide una mayor capacidad para el BCE y que actúe como prestamista de última instancia. Dado que no se confirma este extremo, se debería garantizar que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MES) pudiera prestar dinero a los Estados a partir de 2013. En la cumbre se decidió que dicho mecanismo dispondrá de 500.000 millones de euros, además de los 200.000 que llegarán a través del FMI.

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Guy Verhofstadt

Desde el grupo liberal ALDE, Verhofstadt sí es partidario de definir la estabilidad a largo plazo mediante un Tratado, aunque pactado por los 27. No descarta una mayor intervención del BCE, sobre el concepto de que la Unión necesita una emisión conjunta de bonos que mutualice la deuda de la eurozona hasta un máximo del 60 % del PIB, pero insiste en la independencia del BCE con respecto a los gobiernos, y subraya que la única manera de acabar con el intergubernamentalismo es otorgar un papel de clarísimo liderazgo a la Comisión, tanto en la propuesta como en el control de las medidas económicas. En dar un papel relevante al BCE coincide Cohn-Bendit, jefe de los Verdes, que considera que la entidad de Frankfurt ya viene actuando de facto como prestamista de última instancia, aunque sin soporte político y no de una forma visiblemente permanente. En este sentido, los eurobonos se perfilan como el instrumento idóneo, bajo el mando de la Comisión y la supervisión del Parlamento, ya que los acuerdos intergubernamentales habrían resultado totalmente inútiles.

Callanan, de los Conservadores británicos, es totalmente escéptico sobre la utilidad de los cambios en el Tratado para afrontar la crisis e insiste en que los eurobonos consagran una injusticia, la idea de los países incumplidores y el riesgo moral de su rescate, desincentivando a los Estados periféricos a mejorar su competitividad. En defensa de los “intereses nacionales británicos”, los Conservadores defienden una separación nítida en la gobernanza del mercado único y la eurozona. No en vano, al quedar el Reino Unido excluido de la actual revisión del Tratado en curso, existe el riesgo de que los términos del mercado único queden distorsionados. Concluye afirmando que respeta que los Estados de la eurozona deseen legítimamente dirigirse hacia el federalismo fiscal, aunque reclama en contraprestación mayor flexibilidad en la relación entre el Reino Unido y la UE.

En la primera sesión de enero el Parlamento votará una resolución sobre la hoja de ruta para la salida de la crisis. En esa hoja de ruta se incluye dar mayor poder al BCE, considerando la reforma del Tratado ineficaz. Los posicionamientos críticos entre instituciones discurren en paralelo a la realidad de que ciertos Estados miembros siguen teniendo dificultades para financiar su deuda. Por ejemplo, Italia necesita 400.000 millones para pagar sus bonos en los próximos 12 meses, en un entorno enrarecido por la permanente amenaza de la rebaja en la calificación de las agencias de rating sobre la eurozona. En la práctica, hasta ahora, no ha habido ninguna delegación de la política económica a Bruselas, sino que se han creado distintos mecanismos de solidaridad europea, en especial el Mecanismo Europeo de Solidaridad (MES), que entrará en vigor en julio de 2012, y que consistirá en un fondo disponible para los Estados de la eurozona que no puedan temporalmente financiarse en los mercados. En este sentido guarda una importante analogía con un Fondo Monetario Europeo. Las decisiones en el seno del MES se decidirán por mayoría cualificada del 85%, a fin de evitar vetos y bloqueos de minorías. Este mecanismo aliviará la presión de los mercados sobre algunos Estados con problemas para financiar su deuda soberana.

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Hoy la supervivencia del euro es la supervivencia de la Unión. El programa de convergencia económica de Maastricht no ha triunfado, debilitando la eurozona. De ahí el empeño en diseñar una gobernanza económica supranacional, con una poderosa Comisión, avalada por el Consejo y apuntalada por el Tribunal. El Parlamento debería ser algo más que un simple comparsa para superar el problema de legitimidad. Esta línea política entronca con la creación de condiciones homogéneas en política industrial, comercial, laboral, etc. en toda la eurozona, de modo que se vayan difuminando los intereses nacionales y se potencie el interés común.


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Auteurs

Eva PEÑA

Nacida en Barcelona. Asesora e investigadora en políticas de la UE y gobernanza europea. Miembro del grupo de investigación EUGOV. Doctoranda en Relaciones Internacionales e Integración Europea. Master en Relaciones Internacionales. Licenciada en (...)
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