El acuerdo alcanzado a finales de 2011 y confirmado hace unos días en Bruselas por los Estados Miembros de la Unión -a excepción del Reino Unido y República Checa- para endurecer la disciplina fiscal parece un primer paso dirigido a frenar la caída libre del continente y de la moneda común. El objetivo consiste en adaptar los tratados a la actual situación económica, lograr la plena integración fiscal e imponer una supervisión más exhaustiva de las cuentas públicas. La Unión, que aglutina el 20% del comercio mundial y el 30% del PIB, se enfrenta a una situación límite: el euro cumple una década sin convencer de su eficacia y las previsiones no son muy alentadoras.
Las cifras publicadas por la agencia de calificación Standard & Poor’s a mediados del mes de enero, rebajando las notas de varios Estados Miembros -entre los que figuran Francia, España o Italia-, han alarmado a los gobiernos, que sin ignorar la fragilidad actual en la que se encuentran, intentaron minimizar su importancia. Todo apunta a que la primera agencia de calificación europea, impulsada por la asesoría alemana Roland Berger, comenzará su actividad antes de julio. Esta es sin duda una buena noticia para aquellos que sostienen que las actuales agencias norteamericanas trabajan guiadas por intereses nacionales, es decir, a favor del dólar, como explica en una entrevista a El País, Antonio Tajani, Vicepresidente de la Comisión Europea.
El desempleo es también una de las principales prioridades para 2012. Según datos recogidos por Eurostat, un 9.8% de los habitantes del conjunto de la Unión, un 10.3 % en los países de la zona euro, se encontraba sin trabajo en noviembre de 2011. Pero los datos resultan más alarmantes si viajamos al sur, con un porcentaje de desempleados del 22.9 % en España, o del 18.8 % en Grecia. Las estrategias para mejorar la situación van desde apoyar a las pequeñas y medianas empresas, potenciar programas de formación e investigación, o la discutida implementación de medidas que flexibilicen el mercado laboral. Los planes de creación de empleo a nivel europeo tropiezan con algunos problemas, como la aplicación desigual de las reglas del mercado único o la complejidad jurídica para realizar algunas transacciones debido a las distintas normativas. Estos y otros retos deben ser afrontados por los veintisiete, con el claro objetivo de mejorar el funcionamiento del mercado único invirtiendo en un crecimiento sostenible.
Los objetivos de Europa 2020, la estrategia europea de crecimiento para esta década, planean sobre la Unión recordando la necesidad de incrementar la inversión en innovación y desarrollo, la reducción de emisiones de gases nocivos o la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Este plan de propuestas, puesto en marcha por la Comisión, pretende acelerar los mecanismos necesarios para preparar la economía de la UE para la próxima década, apostando por innovación, educación, integración social, el clima y la energía. Cada país miembro se ha comprometido a fijar sus propios objetivos que se deberán traducir en medidas concretas evaluadas por el Consejo Europeo y la Comisión y en cuyo proceso intervienen todos las instituciones y organismos europeos, desde el Comité Económico y Social, hasta el Banco Central.
Estas metas parecen perder brillo a la luz de los rimbombantes anuncios de los economistas, a quien poco les falta para predecir el apocalipsis. Pero las soluciones que no tengan en cuenta la necesidad de un crecimiento sostenible e inteligente podrían comprometer el futuro del sueño europeo. Tendremos que fiarnos de que las instituciones velen por la quebrantable salud del viejo continente, que se verá obligado, en este nuevo año, a seguir lidiando con viejos problemas.


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